Nazional-Konstituzionalismoaren iruzur identitarioa

2018.eko Urriak 25ean Deian argitaratutako iritzi artikulua


Iñigo Bullain

EL esencialismo de la nación española que se califica constitucionalmente como indivisible e indisoluble (artículo 2 de la Constitución) no parece incomodar a los partidos españoles que, por el contrario, suelen acusar al nacionalismo vasco o catalán de identitario. Esa impostura identitaria es uno de los obstáculos a los que se enfrenta la futura e impredecible reforma del autogobierno, amenazado por un doble rasero que no solo es patrimonio de la derecha española, sino que también es compartido por PSOE y Podemos, confirmando así aquel dicho de Josep Pla, de que nada se parece más a un español de derechas que un español de izquierdas. Los mismos que califican de inaceptable el reconocimiento de una nacionalidad vasca, no parecen tener ningún problema con seguir imponiendo a todos una única nacionalidad española.

Aunque el unionismo no cuente sino con poco más de un tercio de los escaños del Parlamento Vasco, y sea minoritario en el Parlament, sabe que disfruta de un derecho de veto. Con su mayoría en el Parlamento español, y con el respaldo de la judicatura española, bajo control a través del manejo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el nacional-constitucionalismo sabe que puede interpretar la legalidad a su antojo, y es consciente de que puede cepillar “en diferido” cualquier acuerdo, que otra mayoría nacional pueda alcanzar en Gasteiz, Iruñea o Barcelona. Reconocer la pluralidad no está en el ADN de la cultura política posfranquista, de ahí que imaginar que la España de los balcones vaya a sumarse a un consenso que respete otras voluntades políticas parece una fantasía evasiva.

A pesar de que el actual lehendakari augurase un referéndum para ratificar un nuevo estatus en 2015, a día de hoy, otoño de 2018, no hay bases como para pensar que Euskadi contará con otro Estatuto cuando termine esta legislatura, salvo quizás para aportar algo de maquillaje a un producto tan averiado como la vigente autonomía. Como si se tratara de una obra de Beckett, todo está a la espera del Godot catalán. Pero despejar ese escenario, probablemente, llevará décadas, y se oscurecerá aún más tras las previsibles sentencias condenatorias que preparan los tribunales españoles contra los dirigentes del procés. Especular con que España ofrecerá a Euskadi una vía consensuada, alternativa al unilateralismo catalán, para así debilitar al independentismo, no parece estar en los cálculos que maneja el unionismo.

El gran músico siciliano, Franco Battiato, popularizó, a comienzos de la década de los 80 una canción cuyo estribillo repetía la búsqueda de un centro de gravedad permanente que permitiera “no cambiar las ideas sobre las cosas y la gente”. Mantener a la población en una determinada sintonía de onda, manipular sus ideas o configurar opiniones son cuestiones básicas para las sociedades mediáticas, en las que la labor de los medios, de televisiones y radios, revistas o periódicos, resultan fundamentales para establecer un canon de opinión.

El oligopolio del pensamiento al servicio de los grandes poderes empresariales y financieros es también muy evidente en España, donde la propaganda que se difunde desde Torrespaña es abrumadora. Miles de horas consumidas en tertulias propagandísticas para adoctrinar a la población alimentándola con descalificaciones contra la disidencia, reflejan una pulsión autoritaria que retrotrae al franquismo. La ausencia de voces críticas o heterodoxas en la mayoría de cadenas españolas ha conformado un espíritu de intolerancia en el que la voluntad del Estado-nación castellano por imponer una determinada creencia nacional está presente a diario. La lengua, cultura e ideología castellana cuentan con decenas de canales en abierto, mientras que ningún canal vasco, catalán o galego se propaga por la piel de toro. Para la España española no existe la pluralidad cultural y lingüística en la que viven los ciudadanos de otras nacionalidades históricas de la península. A nada que otras lenguas intentan escapar de su posición diglósica, las masas y élites mesetarias han tratado de silenciarlas recurriendo al rancio “hábleme en cristiano”, herencia de la (re) conquista castellana y del imperio americano. Y, ahora, cuando un canal comunicativo como TV3 resulta hegemónico, el supremacismo unionista clama por su cierre vía 155.

En España, la globalización también es sinónimo de castellanización. Para la actual portavoz del gobierno socialista, que otras lenguas tengan presencia en el Parlamento español debe descartarse por razones económicas. Según quien fuera consejera de Educación del Gobierno vasco, la interpretación al castellano desde el galego, catalá o euskara resultaría complicada y muy cara. Poco importa que en el Parlamento Europeo haya 24 lenguas cooficiales o que las instituciones comunitarias dediquen 325 millones de euros anuales a sostener el multilingüismo. Para las instituciones españolas se trata, por el contrario, de seguir imponiendo una lengua y de minorizar otras. Tal vez por ese motivo el PP ha escogido a un navarro monolingüe y sectario para representar al nacionalismo español en el comité de expertos que tratará de articular un nuevo texto estatutario. En la Nafarroa foral, la portavoz del PP ha pedido por escrito a la presidenta del Parlamento de Iruñea que a su grupo solo le remita textos en castellano, porque “hacerlo en vasco es una falta de respeto a la gente”. Quienes han hecho fortuna política con el antivasquismo sasi-foralista quieren ahora dinamitar el amejoramiento del autogobierno vasco.

Cuarenta años de régimen constitucional no han servido para alterar la atávica cultura política de intolerancia que alimenta la desvergüenza del facherío de ayer y de hoy. La España mediática, su sistema educativo y las instituciones centrales siguen siendo refractarias a asumir la pluralidad cultural y política y promueven la invisibilidad internacional de Euskadi y Catalunya. Para el unionismo solo es legítimo el marco legal de la España española. El orden constitucional está al servicio de un supremacismo nacional español que niega a la población el derecho a decidir sobre su identidad nacional o a elegir entre proyectos políticos distintos, como una república vasca o catalana. La democracia plurinacional o un auténtico pluralismo político siguen siendo una quimera en el reino de España.

https://www.deia.eus/2018/10/25/opinion/tribuna-abierta/la-impostura-identitaria-del-nacional-constitucionalismo