Iñigo Bullain
El precio que en Euska Herria se paga por la dependencia española es un cupo muy alto. Porque solo se trata de lo que se paga anualmente al Estado por unos servicios no requeridos, sino también de que los costes asociados a la asimilación son abusivos.
La reciente convocatoria electoral al parlamento español, la cuarta en cuatro años, ejemplifica la profunda crisis del marco político al que está sometida la mayoria de la población vasca. Pero la judicialización de Catalunya y el permanente dopaje electoral de la España española descarta que tras las elecciones se pueda proporcionar una salida democrática a la crisis constitucional.
Más allá de antipatías personales y vetos, un análisis que trancienda el patio de corrala de la política española llevaría a entender que el clima de animadversión e inquina tiene sus antecedentes en una incapacidad secular para el acuerdo y en una atávica pulsión represiva frente a la alteridad social y la pluralidad nacional.
No debiera obviarse que la democracia española realmente existente es la herencia de un poder político, entre otros episodios, procuró:la expulsión de judios y moriscos, la violenta conquista de Navarra, la brutal colonización de los pueblos amerindios y la trata africana, la destrucción del autogobierno de la Corona de Aragón, la prohibición de idiomas, la abolición de la foralidad vasca o cuarenta años de dictadura franquista.
Una cultura política que, a dia de hoy, se manifiesta en favopr de aplicar el artículo 155, del juicio a los líderes del procés, o apoya la abusiva condena a los jóvenes de Altsasu. De ahí que sea una fantasñia esperar peras (pluralismo) de un olmo (nacionalismo autoritario) que se caracteriza desde hace siglos por criminalizar la disidencia y rechazar la heterodoxia.
A la crisis institucional que arrancó con el nuevo milenio, tras el rechazo del parlamento español a la renovación del autogobierno vasco y catalán, rehusando dicutir el Plan Ibarretxe y demoliendo Nou Estatut, se han sumado, desde 2008, las consecuencias de una depresión socio-económica que ha alterado el mapa electoral.
Un contexto que advierte sobre el agotamiento político del régimen bipartidista de 1978 y en el que la incapacidad por ofrecer una renovación democrática facilita la salida autoritaria a la crisis, centrada en la defensa de la nación española, bien supremo de la constitución del 78, indivisible e indisoluble, según especifica su artículo 2.
Ejemplo nítido fue el p`rotagonismo de los Aznar-Botella en el gobierno del Estado y su capital en la orientación del imperialismo castellano-español en un ámbito global de deterioro democrático que ilustra sobre la calidad de la Mara España.
El paladín de las Azores puede vanagloriarse de haber sido copartícipe en las dos mayores manipulaciones informativas del siglo XXI:la fake News sobre las armas de destrucción masiva que condujo a la invasión de Irak y la falsa autoria de los atentados del 11-M que atribuyó a ETA.
A cotracorriente con el nuevo milenio, marcado por el auge del feminismo, otra de las características reaccionarias de la política española es el acceso a posiciones de liderazgo de políticas que comparten un enorme grado de agresividad ante la alteridad.
Tras el rastro de la ínclita Rose of Spain y de la madame de la corrupción pepera, Esperanza Aguirre, se han incorporado al ruedo ibérico figuras, como Inés Arrimadas, la marquesa de Casa Fuerte o Rocio Monasterio, que parecen competir por el título de Miss España Facha en una suerte de concurso de disparates en sintonia con el discurso de la ultraderecha joseantoniana y la fabulación imperial decimonónica de Menéndez Pelayo.
Cuarenta años de democracia española no han servido para atemperar un supremacismo nacional que parece formar parte del ADN político español y de su esencialismo “plus ultra”.
Para quien interpreta el procés como un ejercicio de desobediencia civil, el m´ças importante de los acaecidos en Europa durante las últimas décadas, y para quien, además, simpatiza con el derecho del pueblo de Catalunya a decidir líbremente sobre su estatus político, el juicio farsa organizado contra sus dirigentes, a quienes se acusó de alzamiento violento (rebelión) o tumultuario (sedición) o de dar un golpe de estado, pone en cuestrión el significado real el estado de derecho en España.
El surrealismo de las acusaciones y los grotescos intentos de probarlas dejan pasmado al advertir en qué manos está la justicia española.La suspensión por la Mesa del Congreso de Diputados de la condición parlamentaria de varios electos a petición del Tribunal Supremo sin recurrir al suplicatorio o los burdos intentos del Estado por no reconocer a varios europarlamentarios también electos son otros ejemplos que advierten de la baja calidad de la democracia española.
La condena anunciada antes de celebrarse el juicio, abre las puertas a diferentes recursos, que, de ser atendidos, incorporarán a España a los paises que en la Unión Europea violan grave y persistentemente los derechos y libertades fundamentales. Que mayoritariamente los medios de comunicación españoles colaboren en semejante mascarada, incluso para asociar independentismo con terrorismo, recuerda a episodios inquisitoriales cuando era coún acusar a los disidentes de cometer delitos imaginarios.
Como evidencia de pervivencia durante más de cuatro décadas del mausoleo de la dictadura, donde por decisión de Juan Carlos I fue enterrado uno de los mayores criminales de la historia europea, la imbricación entre franquismo y democracia representa una característica esencial del marco político español contemporáneo que, a diferencia del resto de Europa, no se configuró desde el antifascismo, sino para asegurar la impunidad de la dictadura.
Si Catalunya lograra la independencia, el desarrollo de esa nueva unidad política peninsular probablemente evidenciaria la incompetencia del proyecto español que insiste en blanquear su tenebroso pasado imperial. La reciente película Zama, de Lucrecia Martel, ganadora de un Goya en 2018, o la denuncia que expuso en los noventa Rafael Sanchez-Ferlosio con su trabajo sobre la conquista de las indias, interpretan correctamente que la encomienda de indios, motor de la colonización, significaba la esclavización de los naturales.
Un pasado que, el crecido revisionismo hispano trata, una vez más, de falsificar. El nacionalismo español también critica que los vascos contemos con nuestra propia hacienda y utiliza el término “cuponazo” para atacar el autogobierno.
Sin embargo el precio que en Euskal Heria se paga por la dependencia española es un cupo muy alto.Porque solo se trata del cupo que se paga anualmente al Estado por unos servicios no requeridos, sino también porque los costes asociados a la asimilación son abusibos.
El espacio mediática vasco está ocupàdo por decenas de canales que han colonizado su territorio y la propaganda española ha configurado una opinión pública infantilizada, sumisa y minorizada que no parece advertir que el denominado constitucionalismo es el label que emplea un supremacismo nacional para asegurar su dominio.
Superar el atávico supremacismo español y su negacionismo para con las naciones vasca y catalana -que representan a pueblos sin soberania y a ciudadanos minorizados identitariamente- requiere de una estrategia que supere el autonomismo asimilacionista.
La pax espagnola que promueve el nacional constitucionalismo se fundamenta en una rendición emancipatoria y en la colaboración para gestionar intermuros la marca España, heredera del franquismo. ¿Cómo se entiende si no que se rindan honores y se siga bailando el aurresku a quienes institucionalmente representan la herencia actualizada de un supremacismo nacional negacionista?